La reciente colaboración entre dos importantes aseguradoras para la edificación de hospitales ha suscitado un debate acerca de su posible influencia en la competencia dentro del mercado de la salud. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha entregado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solicitando que este convenio sea examinado por la posible creación de una posición dominante. Esta situación ha centrado la discusión en torno a la regulación, la estructura del mercado y los impactos de este tipo de asociaciones en el sector de la salud.
Las aseguradoras en cuestión han anunciado la creación de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, además de otro en Barcelona. De acuerdo con ASPE, tales proyectos deberían ser sometidos al previo consentimiento de la CNMC, ya que ambas compañías superan los límites fijados por la normativa de competencia respecto al volumen de negocio. Asimismo, ASPE destaca que estas aseguradoras están entre los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas controlan el 71 % del mercado, lo que subraya la necesidad de una supervisión más rigurosa.
Un mercado centralizado y normativo
Hoy en día, el mercado de seguros de salud en España se encuentra muy centralizado. Una de las compañías aseguradoras implicadas se ubica en la segunda posición en cuanto a cuota de mercado, con un porcentaje que oscila entre el 20 % y el 30 %, mientras que la otra se posiciona en el cuarto lugar con cerca del 10 %. Este grado de centralización ha llevado a ASPE a alertar sobre los posibles peligros de que estas empresas ejerzan una influencia desmedida en el sector.
Actualmente, el mercado de los seguros sanitarios en España está altamente concentrado. Una de las aseguradoras involucradas ocupa el segundo lugar en cuota de mercado, con entre un 20 % y un 30 %, mientras que la otra se sitúa en el cuarto puesto con aproximadamente un 10 %. Este nivel de concentración ha llevado a ASPE a advertir sobre los posibles riesgos de que estas empresas tengan una influencia excesiva en el sector.
Por su parte, las aseguradoras han declarado que sus proyectos cumplen con las normativas de competencia y que las operaciones han sido notificadas a la CNMC antes de su anuncio público. Argumentan que los hospitales que se construirán ofrecerán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También destacan que estos proyectos están enfocados en zonas con baja dotación asistencial, como es el caso de Palma y Barcelona, lo que contribuirá a ampliar la oferta sanitaria en dichas áreas.
Indagación por conductas anticompetitivas
Simultáneamente, la CNMC ha iniciado un expediente para investigar a una de las aseguradoras debido a un acuerdo establecido con otra firma del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. De acuerdo con la información disponible, este convenio podría haber causado una reducción en las compensaciones a los centros de salud, lo que ha generado preocupaciones en el sector. Específicamente, las denuncias indican que desde que se implementó en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en un promedio del 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
